Muchas veces en
nuestros sueños apocalípticos pensamos que terminaríamos muriendo por un
terremoto, por una hambruna o por las consecuencias de la corrupción; pero no
por un virus, y menos por un virus que nos deja sin aire, destruye nuestros
pulmones y coagula nuestra sangre. Sin embargo, si sabíamos que los lugares más
afectados serían las que están a la periferia de la capital, las que no les
llega la educación, medicamentos, electricidad o agua. Las regiones o el
interior del país, como quieras llamarlo, ahora están pidiendo la intervención
del Estado, dado que hay escasez de oxígeno y de médicos, nos estamos
asfixiando, nos estamos muriendo y no podemos respirar.
Hace unos días salió
una investigación de IDL-Reporteros que evidenciaba la crítica situación que
está atravesando Junín por la carencia de oxígeno medicinal. El cardenal Pedro
Barreto, arzobispo de la ciudad Huancayo desde el 2004, señala que la solución
se encuentra dentro de la región. La empresa minera que operaba en La Oroya, La
Doe Run, posee dos plantas generadoras de oxígeno en gran escala, que ahora
pertenecen a Praxair, que desde su reciente fusión con Linde AG se ha
convertido probablemente en la principal empresa de gases industriales en el
mundo. Sin embargo, esta transnacional mantiene inoperativa las dos plantas y
sostuvo, sostiene, que ponerlas a funcionar exigiría un proceso largo y
costoso.
Pero no solo la
situación de Junín es deplorable, también en el departamento de Puno se va por
el mismo camino. El día domingo 16 de agosto salió el gobernador regional a dar
una conferencia de prensa en donde denunciaba y señalaba que los médicos que
residían en el EsSalud abandonaron sus puestos, puesto que preferían atender en
clínicas privadas y dejaban a los pacientes en el limbo, entre la vida y la
muerte. El ministro Walter Martos estuvo presente en la conferencia llevando
balones de oxígeno y verificando que la operación Tayta -esta operación
multisectorial consiste en ir de casa en casa para tomar pruebas rápidas a los
sectores más vulnerables- sea llevado de manera óptima y efectiva.
Lamentablemente
Loreto no recibió la pronta atención del Estado, por el contrario, el pueblo
indígena Kukama decidió levantarse ante la escasez de servicios médicos, la
pobreza, el vertiginoso crecimiento de las personas contagiadas, la corrupción
y exigen que la empresa PetroTal cumpla con la remediación ambiental de los
sitios contaminados. En esta gresca 3 indígenas terminaron asesinados y 16
personas (11 pobladores y 5 efectivos policiales) heridas. Según el portal de
investigación Convoca, no sería la primera vez que los pobladores protestan,
hace un año tomaron el campamento petrolero y las operaciones estuvieron
suspendidas por unas 30 horas, esto se debió a que se detectaron que, según
documentación del OEFA, se investigó cinco casos de infracciones ambientales
atribuidas a Gran Tierra Energy Perú (ahora PetroTal Perú), en el Lote 95 y sus
alrededores, en la provincia de Requena, entre los años 2009 y 2015.
En las provincias la
tragedia del virus se multiplica, pero no podemos atribuir todos los males
ocasionados a esta gestión, el problema viene de mucho antes, e incluso, me
atrevería a decir que nuestros males se originaron en el momento que se sembró
la semilla de la conquista en el Perú. No es momento de tirarnos la pelota para
buscar culpables, es momento de buscar soluciones e integrarnos entre todos
para buscar una solución y como decía Quiroz: “No se construye un verdadero
Estado de derecho sin un sistema normativo congruente con las necesidades del
Estado, sin instituciones que velen por el cumplimiento de la ley, sin un
sistema de control que opere de manera eficaz, sin una élite dirigente que mire
por encima de sus propios intereses y sin partidos políticos que representen
los intereses de la población”
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