Los pueblos indígenas u
originarios de nuestro país se encuentran mayormente en la selva amazónica y
parte de Junín, Cusco o Cerro de Pasco. Sabemos que estos pueblos habitan en
nuestro territorio incluso antes de la llegada de los españoles, siendo estos ellos
los que más estragos han sufrido, dado que han sido olvidados por el Estado y
por la sociedad indiferente. Por ello, hasta ahora se observa que en los
territorios indígenas no existen postas, menos hospitales para una atención
primaria. Asimismo, cuentan con deficientes sistemas educativos interculturales
y bilingües para que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder
completamente a la educación, así como un nulo o escaso acceso conocimiento y
aplicación de los TIC.
Convenio 169 de la OIT que señala consultar a los pueblos interesados, establecer los medios a través de los cuales los pueblos puedan participar libremente, establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos.
En este contexto es importante recordar el ya conocido artículo 6 del Convenio 169 de la OIT que señala consultar a los pueblos interesados, establecer los medios a través de los cuales los pueblos puedan participar libremente, establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos. Este mismo impone a los Estados la necesidad de cumplir y convocar a los representantes para la toma de decisiones que afecten o puedan afectar sus sistemas de vida. Un claro ejemplo del incumplimiento de este artículo que es vinculante para el Estado peruano, lo constituyen los hechos ocurridos en Bagua, Tía María, Tres Islas y la comunidad Aymara.
Esta situación de vulneración
de los derechos de los pueblos se ha vuelto más evidente con la llegada del COVID19,
que ahora nos mantiene aislados a todas y todos los peruanos por su nivel de
peligrosidad. Al día de hoy se han confirmado más de 20 000 contagiados y más
de 500 muertos en nuestro país, desde el primer caso se puso en evidencia nuestro
paupérrimo sistema de salud , por ello el Ejecutivo decidió decretar la
emergencia sanitaria para la población civil, pese a ello aún no se han
elaborado medidas que protejan a los pueblos indígenas de esta pandemia; de
hecho, no se han convocado a los dirigentes y representantes de los pueblos para
reunirse con el Presidente a fin de conocer su situación, no existen protocolos
de prevención, protección y accionar frente a esta enfermedad en su propia lengua
y no se están tomando pruebas para determinar la magnitud de la presencia de
esta pandemia en las comunidades indígenas.
Pero el COVID19 no es la
única enfermedad que está atacándolos, también coexiste otra emergencia: el
dengue, que, según cifras oficiales, ha contagiado a 14 000 personas, cobrando 28
vidas, cifra cuya última actualización data del mes de marzo, por lo que a la
fecha no se sabe a ciencia cierta en cuanto ha ido el incremento.
Añadiendo a este
acontecimiento el anunció de un bono universal para las familias que no se
encuentran en planilla, sin embargo, no se ha especificado el mecanismo que se
realizará en relación a los pueblos indígenas ¿Cómo el Estado va a entregar
este necesario monto a los pueblos indígenas que cuyos miembros no cuentan con
un documento de identidad?
Dado el olvido del Estado
ellas y ellos decidieron levantar su voz de protesta y denunciar al Estado ante
la ONU por un posible etnocidio, ya que a la fecha existen 2 casos confirmados
de Covid 19 en la Comunidad Nativa de Puerto Bethel (Ucayali). Y hacer cumplir la cuarentena en la
Amazonía es un reto de cada día, puesto que hay comerciantes, taladores y
mineros ilegales, que siguen circulando en las zonas y no existen respuestas
ante los pedidos específicos. Todo esto se resume a un poco accionar del
Ejecutivo, a pesar de que se habló de una iniciativa de la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología.
No deben
seguir olvidados, ellas y ellos forman parte de la población peruana y no son
ciudadanos de segunda clase, como lo mencionó el expresidente Alan García,
deben dejarlos tomar medidas con el Ejecutivo para prevenir el COVID19, deben
ser escuchados y deben recibir la misma protección que el resto de la sociedad.
La distancia no los debe hacer invisibles.
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